AVALAN DICTAMEN DE REFORMA EN MATERIA DE APOYO A VÍCTIMAS
Guanajuato, Gto. – En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato con la que se establece que las hijas o hijos menores de edad de madres víctimas de feminicidio u homicidio recibirán la atención especializada y los apoyos en educación y de carácter jurídico.
En ese sentido, la diputada Yulma Rocha Aguilar apuntó que era una propuesta complementaria y que se debe tener cuidado de no caer en una sobrerregulación, dado que en otro artículo de la norma ya lo contempla, en cuanto a víctimas directas e indirectas.
Al respecto, la congresista Susana Bermúdez Cano refirió que se realizaron adecuaciones para no caer en lo comentado por su homóloga y se atendió para que no exista.
De igual manera, se avaló el dictamen que contiene el archivo definitivo de la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato que buscaba adicionar un párrafo al artículo 1, a fin de otorgar un apoyo económico a las personas con discapacidad.
La legisladora Alma Edwviges Alcaraz Hernández habló en contra del dictamen y mencionó que la propuesta buscaba reconocer, constitucionalmente, el apoyo económico para las personas con discapacidad en la entidad, y subrayó que seguirán impulsando los derechos sociales y el pleno reconocimiento e inclusión efectiva de las personas con discapacidad.
En su intervención, la diputada Susana Bermúdez Cano expresó que, como se esgrime en el dictamen, coincidían con quienes participaron en la mesa de trabajo en que no es necesario incorporar tal como lo propone la iniciante en la Constitución Política estatal, toda vez que de conformidad con los artículos 1 constitucional se garantiza el libre ejercicio de los derechos humanos y señala la obligatoriedad que tienen las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar su aplicación y 2 del Código Político Local se prevé también que la ley es igual para todos.
En ese sentido, argumentó que todas las personas en el estado, incluidas las personas con discapacidad, gozan de los derechos humanos y de las garantías para su protección reconocidos en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como en los consagrados por esta Constitución y sus Leyes Reglamentarias
Por su parte, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá apuntó que compartían el interés, sin embargo valía la pena dejar una acotación en cuanto al cumplimiento constitucional de las obligaciones, ya que el hecho de que esté específicamente en la Constitución Federal deja la obligación para el resto de los Estados y no se desagrega el cumplimiento por estar en una u otra, porque lo que está en la Carta Magna es de observación absoluta.
Como parte del orden del día de la sesión se radicó la propuesta de punto de acuerdo para exhortar a los 46 municipios del Estado para que remitan un reporte que contenga la información que documente los avances que se han tenido con respecto a las obligaciones asentadas en la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas; así también para que publiciten con precisión el área municipal responsable de recibir los reportes de personas desaparecidas y atender a las víctimas, el nombre que ha adoptado y, bajo el principio de máxima publicidad, coloquen la señalética existente, todo para atender a las personas y colectivas buscadoras desde la perspectiva de los derechos humanos.
También se acordó la metodología de análisis de la iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, que tiene como finalidad establecer la posibilidad de una licencia extraordinaria para aquellas mujeres y personas menstruantes que se vean imposibilitadas de llevar a cabo su jornada laboral a causa de los malestares físicos que pudieran presentarse durante su periodo menstrual.
Para su estudio se remitirá a la Coordinación General Jurídica, al Poder Judicial, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, a la Secretaría de Salud y a los 46 ayuntamientos, quienes contarán con un término de 15 días hábiles para remitir sus observaciones y, posteriormente, se celebrará una mesa de trabajo.
De igual manera, se cambió la mecánica de estudio de la propuesta de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato que busca incrementar en uno el total de los diputados que integran el Poder Legislativo del Estado y que dicha curul sea ocupada por un migrante, para agregar la solicitud a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas para la elaboración de un dictamen de impacto presupuestal.
Seguimientos
En la sesión se dio seguimiento a la metodología de análisis de diversas iniciativas. En la primera, relativa a reformar diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en materia de paridad de género en la titularidad de las áreas administrativas del Congreso del Estado, la presidenta informó que dado que se concluyó el análisis y derivado de los comentarios vertidos en la mesa realizada se solicitaba la elaboración de dictamen en sentido negativo, dejando a salvo la parte tocante a la Ley Orgánica que forma parte de la agenda común.
En cuanto al resto, que se refieren a las propuestas de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia del informe de gobierno; movilidad y seguridad vial; reconocer el derecho humano a ser buscado; cuerpos de reserva; adicionar dos atribuciones a las Comisiones Legislativas, entre ellas que se pueda solicitar la comparecencia de organismos autónomos; se garanticen plenamente los derechos de las personas con discapacidad; fortalecer el cumplimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos y establecer como requisitos de elegibilidad el que las personas candidatas no estén condenadas mediante sentencia ejecutoriada por delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
A la Ley Federal del Trabajo con el objeto de que se establezca el 19 de septiembre como día nacional de asueto; a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, a fin de eliminar el recurso de revisión establecido en la citada norma, a efecto de no invadir una esfera legislativa competencial distinta e incorporar al nepotismo como una falta administrativa grave.
De igual manera, a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, a fin de ampliar la licencia de paternidad a 15 días hábiles, cuando en el seno de la familia del trabajador haya un recién nacido y se otorgue licencia a las personas trabajadoras, por el fallecimiento de algún familiar; a la Ley de Víctimas, con la finalidad de fortalecer el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en materia de en inclusión laboral de las personas transgénero, travestis y transexuales en el sector público y garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en los puestos de toma de decisión de la administración pública estatal y municipal; a la Ley de Premios y Estímulos al Mérito Ciudadano, con el objetivo de homenajear a las mujeres destacadas de la entidad.
Asimismo, de Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Guanajuato, que busca clarificar la estructura, operación y funcionamiento de las entidades paraestatales; de Ley del Servicio Civil de Carrera para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de dar un marco de mayor transparencia y objetividad la selección y permanencia de los servidores públicos del estado; y de reforma a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, a fin de incluir la revocación de mandato.
La diputada Susana Bermúdez Cano apuntó que se celebrarán mesas de trabajo los miércoles para su desahogo, con la participación de las autoridades que en su momento fueron incluidas en las metodologías.
En la sesión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano (presidente), Laura Cristina Márquez Alcalá, Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Yulma Rocha Aguilar; así como los diputados Rolando Fortino Alcántar Rojas y Gerardo Fernández González.