APRUEBAN REFORMAS PARA FORTALECER LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato y al Código Civil estatal con el propósito de fortalecer los derechos de los menores.
Con estas reformas, se introduce la atribución de los ayuntamientos para establecer procuradurías auxiliares. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones constitucionales e internacionales de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de los menores. Además, se busca que las intervenciones de las autoridades a nivel estatal y municipal se realicen de manera integral, coordinada y complementaria.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado adquiere nuevas atribuciones, como recibir denuncias de vulneración de derechos, establecer medidas de protección especial, coordinar y dar seguimiento a su ejecución, emitir, negar o revocar certificados de idoneidad, así como llevar a cabo valoraciones multidisciplinarias. También se encargará de capacitar, asesorar, fortalecer y supervisar a las procuradurías auxiliares, y podrá atraer casos atendidos por estas cuando sea necesario.
Se establece la obligación de las autoridades estatales y municipales de implementar políticas de fortalecimiento familiar. Estas políticas permitirán a los responsables de la patria potestad, guarda, custodia o cuidado cotidiano de los menores acceder a recursos, bienes y servicios necesarios para propiciar entornos adecuados y seguros que fomenten el desarrollo de funciones parentales, prevengan situaciones de riesgo y contribuyan a la permanencia de los menores en su entorno familiar.
Además, la Procuraduría Estatal de Protección deberá mantener un sistema de información y registro actualizado que incluya a los menores susceptibles de adopción, a las personas solicitantes de adopción con certificado de idoneidad, a las adopciones concluidas (nacionales e internacionales) y a los menores adoptados, entre otros datos relevantes.
Se realizan modificaciones en el glosario para términos como adopción, certificado de idoneidad, familia de acogida, familia de acogimiento pre-adoptivo, medidas de protección especial, medidas urgentes de protección especial, plan de restitución de derechos, red familiar, entre otros. También se establece que el titular de la Procuraduría de Protección ocupará el cargo durante seis años y será designado por el Gobernador del Estado. Se mencionan como medidas de protección especial para restituir el derecho a vivir en familia de los menores: reintegración familiar, adopción, acogimiento familiar y acogimiento residencial.
En cuanto a los aspectos civiles, se especifica que cualquier persona que encuentre a un menor extraviado o abandonado, o que sea testigo de una situación similar, debe presentarlo de inmediato ante la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o las Procuradurías Auxiliares, proporcionando todos los objetos encontrados junto con él, así como información detallada sobre el lugar y las circunstancias del hallazgo. Esta obligación también se aplica a los jefes, directores o administradores de centros de reclusión, casas de comunidad, hospitales, casas de maternidad e inclusas, en relación con los menores nacidos, abandonados o expuestos en dichos lugares.
Durante la discusión, el diputado José Alfonso Borja Pimentel destacó que las reformas propuestas tienen como objetivo establecer una regulación sólida y eficaz en materia de derechos de los menores, basada en el principio del interés superior de la niñez. Hizo hincapié en que las Procuradurías Auxiliares tienen la finalidad de garantizar la promoción, respeto, protección y derechos humanos de los menores, a través de una intervención integral, coordinada y complementaria entre el Estado y los municipios.
El congresista mencionó que se busca que la atención a este sector en los municipios deje de ser responsabilidad exclusiva del DIF y se convierta en una prioridad para los alcaldes. Se busca que los alcaldes asuman la responsabilidad y den atención conjunta a los casos de vulneración de derechos de los menores, a través de las Procuradurías Auxiliares que estarán más cercanas al presidente municipal.
Finalmente, resaltó el trabajo que se ha realizado en este ámbito, incluyendo la separación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para convertirla en una dependencia con más recursos y capacidad para restituir los derechos de los menores.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en general. Durante la votación en particular, la diputada Janet Melanie Murillo Chávez presentó una reserva para fortalecer el funcionamiento de los equipos multidisciplinarios, asegurando perfiles profesionalizados y la capacitación necesaria para implementar mejor la norma. Propuso que las autoridades estatales y municipales integren progresivamente los recursos necesarios en sus presupuestos para garantizar mejores condiciones al entrar en vigor el presente Decreto. Esta reserva fue aprobada.
El congresista Cuauhtémoc Becerra González formuló reservas en las fracciones 27 y 28 del artículo 3, con el objetivo de definir la representación coadyuvante y la representación en suplencia a cargo de la Procuraduría de Protección, sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público. También propuso que las Procuradurías Auxiliares tengan la atribución de brindar asesoría a los menores, de acuerdo con lo establecido en la Ley y otras disposiciones aplicables. Estas reservas fueron rechazadas.
Los diputados Bricio Balderas Álvarez y José Alfonso Borja Pimentel se expresaron en contra de las propuestas presentadas. Balderas Álvarez destacó la importancia de que las Procuradurías Auxiliares tengan atribuciones legales para representar a los menores y emitir informes de adoptabilidad bajo su tutela. Borja Pimentel argumentó que las procuradurías buscan ofrecer respuestas más rápidas y dar seguimiento a los casos, basándose en la Ley General que permite a los estados configurar autoridades municipales para cumplir con la ley.
Las reservas no fueron aprobadas.
