El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional formuló una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato para crear la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en razón de género.
Al presentar su exposición de motivos, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia manifestó que legislar y crear instituciones que permitan el combate y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres es asumir las obligaciones que como Poder les corresponde, fomentando la búsqueda de un Estado Mexicano más justo e igualitario para las mujeres.
La legisladora se refirió al concepto de violencia política y comentó que comprendía todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género) y tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
Afirmó que ese tipo de violencia se manifiesta de muchas formas y los ataques tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección por ser mujer.
“La violencia política contra las mujeres en razón de género es una situación que se actualiza en cualquier espacio y momento, resultando indispensable que las mujeres contemos con instituciones fuertes que permitan combatirla y erradicarla”, enfatizó Tiscareño Agoitia.
La diputada precisó que la defensoría especializada planteada se adscribiría con independencia y recursos propios en el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y su actividad principal sería el ofrecer una representación jurídica, asesoría y orientación a las mujeres que lo soliciten.
Afirmó que dicha defensoría constituiría una protección jurídica especializada para todas las mujeres violentadas en razón de su género o que padecen alguna afectación por la violación al principio de paridad, para estén en aptitud de acceder, en condiciones de igualdad a la jurisdicción electoral completa y efectiva para la defensa y protección de sus derechos político-electorales.
Finalmente, mencionó que contar con la citada defensoría abonará para que aumente el número de mujeres que acudan a denunciar las situaciones relacionadas con tales aspectos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales para su estudio y dictamen; y para opinión a la Comisión para la Igualdad de Género.
