Aprueba Congreso de Guanajuato minuta sobre extorsión
El Congreso de Guanajuato aprobó la minuta en materia de extorsión, un paso decisivo hacia una Ley General que fortalezca la seguridad en todo el país.
Guanajuato, Gto.– El Pleno del Congreso local aprobó la minuta de proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión. El dictamen fue remitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y se discutió en la primera sesión ordinaria del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia recordó que, tan solo en el primer semestre de 2025, se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión en México. Esto representa un incremento del 83% en la última década. Según explicó, el delito dejó de ser un fenómeno aislado y se transformó en un problema estructural que afecta directamente a comerciantes, empresarios y familias.
Además, la legisladora señaló que la reforma permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General de Extorsión. Esta norma unificaría criterios, tipificaría agravantes y sanciones, y establecería mecanismos efectivos de atención. Subrayó que la inseguridad solo puede enfrentarse con instituciones sólidas y leyes bien diseñadas, siempre respetando la soberanía de los estados.
Extorsión, un delito que mina la seguridad y la economía
Durante la discusión, el diputado Juan Carlos Romero Hicks afirmó que la extorsión es una de las conductas que más atenta contra la tranquilidad, la libertad y la dignidad de las personas. Enfatizó que también inhibe la inversión, paraliza actividades económicas y genera un clima permanente de miedo.
El legislador añadió que los grupos delictivos han convertido la extorsión en un mecanismo de control social y económico en todo el país. Esta situación, dijo, refleja un Estado que ha dejado de proteger a la ciudadanía. Por ello, insistió en que la reforma presidencial busca facultar al Congreso de la Unión para crear una Ley General de Extorsión, acompañada de recomendaciones de los congresos locales.
A su vez, el diputado Alejandro Arias Ávila respaldó la propuesta. Destacó que la corrupción, el tráfico de influencias y la debilidad del Estado de Derecho han permitido el crecimiento de la criminalidad. Recordó que, según ENVIPE 2024, la cifra negra del delito alcanza un 97%. En otras palabras, casi todos los casos no se denuncian y quedan impunes.
Por lo tanto, consideró urgente tomar acciones legislativas. Recalcó que se necesita un enfoque integral que atienda la seguridad, pero también las causas sociales y económicas de este fenómeno. La educación, la cultura de la denuncia y un sistema judicial fortalecido son, a su juicio, herramientas clave para recuperar la confianza en las instituciones.
Guanajuato entre los estados más afectados
En su intervención, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor advirtió que la extorsión en Guanajuato ha crecido de manera preocupante. Mientras que en 2015 se registraron apenas 10 víctimas, en 2024 se reportaron 1,222 casos. Estas cifras colocan al estado entre los más afectados a nivel nacional.
El legislador precisó que la reforma busca mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades frente a un delito de alto impacto. A su vez, coincidió en que el país necesita investigaciones más sólidas y herramientas eficaces, bajo principios de coordinación institucional.
Finalmente, el diputado Rodrigo González Zaragoza señaló que la extorsión vulnera los derechos individuales y colectivos. Aseguró que es responsabilidad del Congreso dotar a los cuerpos de seguridad de instrumentos modernos e inteligentes para enfrentar este crimen. Concluyó que la pacificación de México y Guanajuato exige un combate frontal y coordinado contra la delincuencia.
