Proponen videovigilancia obligatoria en bares
El Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa para que todo establecimiento con permiso de venta y consumo de bebidas alcohólicas cuente con videovigilancia permanente. La propuesta busca fortalecer la prevención, la seguridad y el esclarecimiento de hechos delictivos en estos espacios.
Una medida orientada a la protección ciudadana
Para reforzar la seguridad en establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado. La propuesta establece la obligación de contar con un sistema de videovigilancia permanente tanto al interior como al exterior de estos espacios.
El diputado Alejandro Arias Ávila señaló que restaurantes, bares, cantinas, discotecas y centros de entretenimiento representan lugares donde, por su naturaleza, pueden presentarse situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas que acuden a ellos. Indicó que no son aislados los casos de agresiones, riñas y ataques relacionados con la delincuencia organizada.
En ese sentido, expuso que la videovigilancia permitiría a las autoridades contar con evidencia útil para la investigación y el esclarecimiento de hechos delictivos. Subrayó que esta herramienta se ha consolidado en el país como un mecanismo preventivo relevante en materia de seguridad pública.
Supervisión y obligación en videovigilancia
Arias Ávila detalló que la propuesta define el concepto de medidas de seguridad y establece como facultad de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado el supervisar la existencia y funcionamiento del sistema de videovigilancia en establecimientos autorizados para vender bebidas alcohólicas.
La iniciativa contempla que los Ayuntamientos vigilen su cumplimiento y se faculta a la autoridad para requerir el material videograbado cuando resulte necesario en investigaciones o procesos legales. Se establece que los sistemas deberán grabar todos los espacios del establecimiento, salvo sanitarios y vestidores, y mantener respaldo digital durante un periodo mínimo de 60 días.
Asimismo, se prohíbe borrar, alterar, ocultar o negar la información videograbada cuando la autoridad competente la solicite para la investigación de un hecho.
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su análisis y dictamen.
