Analizan reformas sobre penas y divorcio administrativo

El Congreso del Estado de Guanajuato analizó propuestas para incrementar penas en delitos contra personas con discapacidad y para incorporar el divorcio administrativo al Código Civil, durante mesas de trabajo convocadas por la Comisión de Justicia.

Las iniciativas buscan fortalecer el acceso a la justicia, aunque generaron observaciones por competencia legal y armonización normativa

Convocadas por la Comisión de Justicia, se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para analizar propuestas en materia penal y civil, enfocadas en la protección de grupos vulnerables y la simplificación de trámites legales.

La primera iniciativa discutida fue la reforma al Código Penal del Estado para incrementar las penas en diversos delitos cuando sean cometidos contra personas con discapacidad.

Entre los delitos contemplados se encuentran homicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, violación, acoso y hostigamiento sexual, robo calificado, violencia familiar, responsabilidad médica y tortura.

El diputado Ernesto Millán Soberanes señaló que alrededor del 7% de la población guanajuatense vive con alguna discapacidad, por lo que consideró necesario visibilizar a este sector y garantizar un acceso a la justicia pronta, expedita y con perspectiva de discapacidad.

Indicó que el Código Penal estatal prácticamente no contempla a las personas con discapacidad como sujetos pasivos de delito, lo que limita su protección jurídica y su acceso real a la justicia.

Observan límites legales en propuesta penal

Durante el análisis, representantes de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría de los Derechos Humanos advirtieron que algunos delitos propuestos no son competencia estatal, además de que varios ya cuentan con agravantes previstas en la legislación vigente.

Desde la Consejería Jurídica se señaló que la iniciativa requiere una revisión integral, ya que existen leyes nacionales que regulan varios de los tipos penales planteados, lo que podría generar vicios de inconstitucionalidad.

La diputada Susana Bermúdez Cano expresó que, aunque se reconoce el objetivo de la propuesta, el incremento de penas no elimina las barreras estructurales de acceso a la justicia y carece de una justificación sólida.

Millán Soberanes reiteró que el análisis debe continuar para dotar a las instituciones de justicia de herramientas que permitan atender con perspectiva de discapacidad a quienes lo requieran.

En la mesa participaron diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Justicia, así como representantes de instancias estatales y asesoras parlamentarias.

Revisan iniciativa sobre divorcio administrativo

En una segunda mesa de trabajo se analizó la iniciativa de reforma al Código Civil para incorporar el divorcio administrativo, figura que permitiría disolver el matrimonio de manera rápida y sencilla ante el Registro Civil.

La propuesta plantea que, mediante la manifestación de voluntad de ambas partes y la acreditación documental correspondiente, los cónyuges puedan concluir su unión sin necesidad de un proceso judicial, siempre que no existan asuntos adicionales por resolver.

Se destacó que, en caso de aprobarse, la reforma deberá armonizarse con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y considerar su entrada en vigor a más tardar el 1 de abril de 2027.

En esta mesa participaron diputadas y diputados de la Comisión de Justicia, así como representantes de la Consejería Jurídica y personal asesor parlamentario.