Analizan blindaje constitucional a familias migrantes
El Congreso de Guanajuato analiza una iniciativa para elevar a rango constitucional la protección de la unidad familiar de las familias migrantes, fortaleciendo los derechos humanos desde el ámbito local.
Con el objetivo de fortalecer los derechos humanos desde la Constitución local, diputadas y diputados del Congreso del Estado dialogaron sobre una iniciativa para proteger la unidad familiar de las familias migrantes guanajuatenses.
La propuesta busca elevar a rango constitucional el derecho a la protección de la unidad familiar, reconociendo el impacto social, económico y humano de la migración en Guanajuato
La migración forma parte esencial de la historia de Guanajuato y de miles de familias que, desde hace décadas, han construido su vida entre México y Estados Unidos. Bajo esta premisa, se realizó una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para analizar una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado.
Durante el encuentro, la diputada Yesenia Rojas Cervantes destacó que la propuesta representa un reconocimiento a las familias migrantes que han contribuido al desarrollo económico y social de la entidad, tanto dentro como fuera del país. Subrayó que la iniciativa busca garantizar, desde la base constitucional, que las familias permanezcan unidas y protegidas.
La legisladora explicó que el derecho a la unidad familiar contempla la protección integral de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, asegurando que sus derechos humanos sean respetados en todo momento.
Protección constitucional para las familias migrantes
Por su parte, el diputado Juan Carlos Romero Hicks aportó datos que reflejan la relevancia del fenómeno migratorio. Señaló que la población hispana representa cerca del 19 % de la población en Estados Unidos y tiene una participación clave en sectores como la construcción, el campo y la industria restaurantera. Añadió que se estima que entre uno y un millón y medio de guanajuatenses viven en condición migratoria.
En términos generales, las y los participantes coincidieron en que la iniciativa fortalece el marco constitucional local en materia de derechos humanos, al incorporar de manera expresa el derecho a la protección de la unidad familiar de las personas migrantes.
No obstante, también se identificaron retos para su correcta implementación. Entre ellos, la necesidad de definir con claridad el alcance del derecho en la legislación secundaria, así como establecer obligaciones concretas para el Estado y mecanismos efectivos para su cumplimiento.
Asimismo, se señaló que, aunque la iniciativa plantea que no habrá impacto presupuestario, en la práctica la garantía real de los derechos humanos requiere recursos materiales, humanos y financieros. En el ámbito municipal, se consideró indispensable que los ayuntamientos ajusten reglamentos y programas sociales para brindar atención integral a las familias migrantes en tránsito, retorno o residencia temporal.
El diputado Rodrigo González Zaragoza manifestó su respaldo a cualquier iniciativa orientada a fortalecer los derechos humanos. Afirmó que la propuesta es jurídicamente sólida y socialmente necesaria, y que refuerza el principio pro persona en el texto constitucional.
Finalmente, se destacó que elevar este derecho a rango constitucional representa un avance significativo para la dignidad humana, al reconocer que el Estado —incluidos los municipios— debe garantizar la unidad familiar como un principio esencial para las familias migrantes.
