Decidirán padres orden de apellidos de sus hijos

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas al Código Civil de Guanajuato que permiten a los padres decidir libremente el orden de los apellidos de sus hijos, marcando un paso significativo hacia la igualdad entre mujeres y hombres.

Reforma que impulsa la igualdad y la autonomía familiar

De acuerdo con el dictamen, cuando ambos padres comparezcan ante el Registro Civil —ya sea en matrimonio o reconocimiento voluntario— podrán acordar el orden de los apellidos de manera libre y conjunta.
En caso de no llegar a un consenso, el oficial del Registro Civil determinará el orden atendiendo al interés superior de la niñez y a la estabilidad familiar.

La diputada María Eugenia García Oliveros, autora del dictamen, explicó que la reforma busca eliminar la discriminación por razón de género y reivindicar la igualdad de derechos en la filiación. “Es un avance que reconoce la autonomía de las familias para decidir su identidad sin jerarquías entre padre y madre”, expresó.

Agregó que el cambio no solo tiene un impacto jurídico, sino también social y cultural, al dar cumplimiento al mandato constitucional de igualdad y no discriminación.

Orden de los apellidos: equilibrio entre derechos y estabilidad jurídica

La congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia respaldó la reforma al destacar que el privilegio automático del apellido paterno reproduce estereotipos de género y vulnera el derecho al nombre como parte esencial de la identidad personal y familiar.

“La reforma equilibra derechos: respeta la autonomía de los padres, corrige una práctica discriminatoria y protege a niñas y niños garantizando estabilidad y seguridad jurídica”, enfatizó.

Ambas legisladoras coincidieron en que esta decisión refuerza el principio de igualdad sustantiva y envía un mensaje contundente: en Guanajuato, los derechos de las mujeres y la equidad no son negociables.

Con esta reforma al Código Civil de Guanajuato, el Congreso local reafirma su compromiso con la modernización del marco jurídico estatal, adaptándolo a los nuevos valores de equidad y respeto. La medida no solo transforma un trámite administrativo, sino que impulsa una visión incluyente donde la familia y la identidad personal se colocan al centro del desarrollo social y cultural del estado.