Analizan protección para personas mayores
Analizan en el Congreso una reforma para fortalecer la protección de personas adultas mayores y reconocer el trabajo de cuidados no remunerado.
El Congreso del Estado analizó una propuesta de reforma que busca fortalecer la protección de las personas adultas mayores en situación de dependencia y reconocer el valor del trabajo de cuidados no remunerado. La iniciativa contempla nuevas herramientas de apoyo para quienes dedican gran parte de su tiempo al cuidado familiar.
Revisan propuesta de cuidados para personas mayores
Durante una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se estudió una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato.
La propuesta plantea fortalecer el marco jurídico de protección para las personas adultas mayores que requieren apoyo permanente y, además, reconocer la relevancia social del trabajo de cuidados no remunerado.
Entre las medidas contempladas destaca la creación y administración de un Registro Estatal de Personas Cuidadoras. Este instrumento permitiría identificar a quienes realizan labores de cuidado y facilitar su acceso a programas de apoyo, así como al Sistema Estatal de Relevo y Apoyo al Cuidado Familiar.
El diputado David Martínez Mendizábal señaló que la iniciativa surge después de que en la legislatura pasada no prosperara la propuesta para crear un instituto especializado para las personas adultas mayores.
Explicó que el proyecto pone especial atención en las personas cuidadoras, quienes en su mayoría son mujeres. Además, destacó que estas labores suelen implicar largas jornadas, la postergación de proyectos personales y una disminución de la autonomía económica.
Trabajo de cuidados en discusión
Durante el análisis también se expusieron observaciones técnicas sobre la viabilidad de la iniciativa.
De manera general, se reconoció que la propuesta atiende una necesidad social importante. Sin embargo, participantes en la mesa señalaron que el diseño operativo presenta desafíos jurídicos, financieros y administrativos.
Entre las observaciones se mencionó que la iniciativa genera obligaciones permanentes sin establecer mecanismos claros de financiamiento. Asimismo, se indicó que algunas atribuciones planteadas podrían exceder las capacidades institucionales de las dependencias involucradas.
También se consideró que hace falta una estimación más precisa del impacto presupuestario y administrativo para garantizar una implementación efectiva.
Por su parte, la diputada Ana María Esquivel Arrona reconoció la importancia del tema y señaló la necesidad de dar mayor claridad a distintos aspectos de la propuesta. Además, planteó esperar la aprobación de la legislación general en la materia por parte del Senado de la República para armonizar criterios.
En respuesta, Martínez Mendizábal sostuvo que el Estado debe avanzar hacia una respuesta institucional en materia de cuidados. También indicó que la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas estimó un costo aproximado de 81 millones de pesos para la implementación de la propuesta, recurso que podría considerarse en futuros ejercicios presupuestales.
La mesa contó con la participación de representantes de organismos de derechos humanos, dependencias estatales y áreas técnicas del Congreso, quienes continuarán analizando el alcance y viabilidad de la iniciativa.
