Presentan iniciativa de reforma judicial en Guanajuato

Con el objetivo de armonizar la legislación estatal con las recientes reformas federales en materia judicial, legisladores del PAN y la representación parlamentaria del PRD presentaron una iniciativa de reforma constitucional. La propuesta busca fortalecer las instituciones democráticas, brindar certeza jurídica y consolidar la protección de los derechos político-electorales en Guanajuato.

Impulsan actualización del marco constitucional

La reforma judicial propuesta por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática plantea modificaciones a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y al Decreto Legislativo número 80.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora Susana Bermúdez Cano explicó que la iniciativa responde a la obligación constitucional de adecuar la legislación local a las reformas aprobadas por el Constituyente Permanente.

Además, señaló que esta armonización busca garantizar la congruencia normativa entre los distintos órdenes de gobierno y fortalecer la seguridad jurídica tanto de las instituciones como de la ciudadanía.

Uno de los objetivos centrales consiste en establecer las bases constitucionales necesarias para la organización de la elección judicial local de 2028. Asimismo, se plantea actualizar diversas disposiciones relacionadas con la integración y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

La propuesta también contempla ajustes en los mecanismos de evaluación de las personas juzgadoras y en la protección de los derechos político-electorales.

Reforma judicial para fortalecer instituciones

Bermúdez Cano destacó que la iniciativa incorpora medidas orientadas a fortalecer la paridad de género en los procesos de selección y postulación de candidaturas para cargos jurisdiccionales.

De este modo, se busca promover una integración más representativa e incluyente de los órganos encargados de impartir justicia.

Además, la legisladora indicó que se establecen mecanismos de evaluación del desempeño para las personas juzgadoras, particularmente durante el primer año de ejercicio de sus funciones.

Dichos procesos estarían sustentados en criterios objetivos, transparentes e imparciales, con el propósito de fortalecer la calidad institucional del sistema de justicia sin afectar la independencia judicial.

La iniciativa también pretende reforzar la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía mediante instituciones jurisdiccionales sólidas, profesionales y capaces de garantizar el acceso efectivo a la justicia electoral.

Asimismo, incorpora adecuaciones derivadas de las reformas constitucionales federales en materia de integridad de candidaturas y protección de la autenticidad de los procesos democráticos.

Según lo expuesto, estas disposiciones privilegian el respeto a los derechos humanos, la protección de datos personales, el debido proceso y la transparencia institucional.

Ajustes institucionales y certeza jurídica

Entre los cambios propuestos se encuentra la eliminación de la restricción relativa al retiro obligatorio de personas juzgadoras al cumplir 75 años de edad.

También se plantea suprimir el requisito de residencia efectiva de cinco años para acceder a cargos de elección judicial, adecuar la integración y funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial y fortalecer la autonomía del Órgano de Administración Judicial.

De acuerdo con la legisladora, estas modificaciones atienden los criterios vinculantes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, la iniciativa corrige inconsistencias normativas derivadas de reformas previas para reincorporar a la persona representante del Tribunal de Justicia Administrativa dentro del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Con ello, se busca mantener una integración congruente con el diseño institucional vigente.

Finalmente, Bermúdez Cano puntualizó que la reforma judicial busca fortalecer la democracia guanajuatense, incrementar la confianza ciudadana en las instituciones y consolidar la protección de los derechos político-electorales.

Asimismo, pretende brindar certeza jurídica a las autoridades responsables de organizar elecciones y resolver controversias jurisdiccionales.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.