DIALOGAN DIPUTADAS Y DIPUTADOS CON EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Guanajuato, Gto. – Con el objetivo de profundizar sobre el cuarto informe de actividades presentado por el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y conocer el estatus que guarda la procuración de justicia en la entidad, se llevó a cabo una mesa de trabajo.
El diputado Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que se tendría un acercamiento institucional del Poder Legislativo y la Fiscalía General que les permitiría analizar de manera oportuna el citado informe, en una dinámica de diálogo directo, franco y abierto para poder escuchar desde su visión y conocimiento, los resultados del órgano estatal encargado de la procuración de justicia.
Afirmó que se llevaría a cabo un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía para dar a conocer a las y los guanajuatenses los resultados de un año de trabajo, lo que le permite realizar un análisis las acciones y planteamientos, así como los retos de la mencionada institución.
Finalmente, Ayala Torres manifestó que, para las y los diputados, los ejercicios de rendición de cuentas son esenciales en un gobierno abierto, a fin de continuar fomentando la participación creciente de la sociedad, en el diseño y evaluación de las políticas gubernamentales.
Con base en la mecánica aprobada, Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general, realizó una presentación donde destacó el número de órdenes de protección aprobadas, de asistencias sociales, las acciones en materia de combate a la extorsión, la cantidad de sentencias condenatorias, el monto en reparación de daño; y mencionó que se abrieron 3,191 carpetas de investigación, se realizaron 27 reuniones con 19 colectivos de personas desaparecidas, se detuvieron 2,724 personas de diferentes células delictivas, se dictaron 9, 533 autos de vinculación a proceso, entre otros aspectos.
En la primera ronda de preguntas intervinieron las diputadas y los diputados Laura Cristina Márquez Alcalá, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Angélica Casillas Martínez, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, Víctor Manuel Zanella Huerta, Martha Guadalupe Hernández Camarena y Bricio Balderas Álvarez, quienes cuestionaron sobre si era necesario la creación de nuevas fiscalías especializadas como una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres; la participación de la fiscalía en la consolidación del sistema de justicia penal; cuánto tiempo más seguirá la impunidad en la entidad y qué se hará al respecto; las estrategias que ha implementado la fiscalía que permitan la priorización de resolver los delitos por medios alternativos; el número de personas localizadas y entregadas a sus familias, así como el por qué se genera el problema en la demora de entrega de las personas fallecidas.
También indagaron sobre el control de las armas de fuego y los beneficios que se deben esperar; a qué se debía la calificación que reporta Levantemos la Voz de las Fiscalías Anticorrupción 2022, en donde Guanajuato reporta un nivel satisfactorio de cumplimiento de las Fiscalías Anticorrupción en el eje de procesos; la reclasificación que realiza el Poder Judicial en materia de feminicidios y a qué se le atribuye; las acciones que realiza para que las mujeres no sean revictimizadas; y qué se ha hecho para disminuir la cifra negra de delitos que no se denuncian, a fin de aumentar la posibilidad de esclarecimiento de estos.
En la segunda ronda intervinieron las legisladoras y los legisladores Martín López Camacho, Yulma Rocha Aguilar, Cuauhtémoc Becerra González, María de la Luz Hernández Martínez, Dessire Angel Rocha, César Larrondo Díaz, David Martínez Mendizábal, Javier Alfonso Torres Mereles y Rolando Fortino Alcántar Rojas.
Las preguntas versaron sobre el número de carpetas de investigación abiertas por la comisión de delitos de alto impacto, así como el de sentencias condenatorias con relación a dichas carpetas; las medidas de protección que se otorgaron y si son proporcionales al riesgo; el número de asesinatos de policías y la sanción a quienes los perpetran; la relación de la desaparición de mujeres con la trata de personas; el caso de un policía que denunció abuso de autoridad por personal de las Fuerzas de Seguridad Pública, que no recibió avances sobre su carpeta de investigación y que se archivó la misma.
Profundizaron respecto a las acciones que se han realizado para mejorar la percepción y atención al usuario; los cuerpos sin identificar; si es suficiente la cantidad del Fondo para la Atención de Víctimas y Ofendidos del Estado de Guanajuato y por qué se reduce año con año; si se va a respetar el adendum que se firmó con representantes de distintos colectivos que la exhumación no se puede dar sin su presencia; el ejercicio de los fondos en materia de personas desaparecidas.
Además, indagaron sobre en qué beneficia el Ecosistema para el Servicio Médico Forense y la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas en el proceso de identificación y entrega de cuerpos de personas fallecidas; el motivo de las visitas de Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México y del Cónsul General de Japón, Katsumi Itagaki; y las acciones concretas implementadas en materia de feminicidios.
En la tercera ronda de participaciones intervinieron las y los congresistas Susana Bermúdez Cano, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Janet Melanie Murillo Chávez, Jorge Ortiz Ortega y Briseida Anabel Magdaleno González.
Abundaron sobre las acciones que va a implementar la fiscalía para que el delito de extorsión disminuya; la visión de la institución sobre los delitos cometidos en contra de las mujeres, la estrategia para abatir la impunidad en la investigación y sanción de dichos delitos en Guanajuato, así como los principales problemas para poder obtener sentencia condenatoria; el número de personas de plantilla de la fiscalía, por qué solo se evaluaron a 1, 570 y a qué área pertenecen quienes no la pasaron; las medidas de incentivo de cumplimiento normativo y los beneficios de la asistente virtual “Ella es Norma”, así como los posibles delitos o actos irregulares que se han presentado por parte de las autoridades.
De igual manera solicitaron explicara a qué se refiere el indicador “Hallazgos: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal”, en el que la entidad se encuentra en el 1er. lugar con menor índice de impunidad en los delitos de feminicidio, desaparición forzada de personas y violencia familiar; a qué responden las denuncias de colectivos si se están sosteniendo reuniones con ellos; el porcentaje en que ha mejorado la localización de las personas con la Plataforma Integral para la Localización de Personas Desaparecidas; que detallara el contenido de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (PRODHEG) y las acciones que se han realizado para asegurar que no se repitan esos hechos.
En la última ronda intervinieron las y los congresistas Armando Rangel Hernández, Lilia Margarita Rionda Salas, José Alfonso Borja Pimentel, Alejandro Arias Ávila, Katya Cristina Soto Escamilla y Miguel Ángel Salim Alle, quienes abundaron sobre la eficacia de la fiscalía respecto del resguardo temporal, el seguimiento cuando las personas dejar el refugio y cómo garantizan la protección de las víctimas que abandonan el refugio; las acciones concretas que se han tomado para disminuir la desaparición de mujeres en el estado; y a qué se debe que la entidad se encuentre dentro de las entidades mejor evaluadas en transformación digital.
Otro de los temas que cuestionaron fueron si se puede afirmar que aún se está en proceso de transición en la implementación del sistema penal; las acciones que implementan para profesionalizar a los primeros respondientes para garantizar el éxito de las investigaciones y el resultado de las carpetas judicializadas; qué realiza la fiscalía para subsanar la falta de información en cuanto a los cárteles; la diferencia entre medidas y órdenes de protección; por qué los recursos de la recaudación de bienes incautados no se destinan a la atención de víctimas; y si se han establecido protocolos para evitar incidencia de personas públicas en cuanto a quejas ante la PRODHEG.
El funcionario dio respuesta a cada uno de los cuestionamientos, entre lo que mencionó que se tiene contemplado solidificar la estructura que se tiene en materia de atención a la mujer; las causas por las que se archivan los delitos; las remodelaciones que se han llevado a cabo para brindar atención integral a las mujeres que son víctimas de violencia en diversos municipios; la posición de Guanajuato en materia de cateos, las órdenes que se ejecutan y la vigilancia en el flujo de armas; que en el rubro de homicidio se siguen teniendo reclasificaciones pero ninguna es a distancia del ministerio público; en los casos de las muertes de mujeres se cuenta con una asociación al interior que permite que ninguno sea soslayado.
Agregó que para atacar las cifras negras están obligados a abrir todos los canales de comunicación que sean posibles, se cuentan con módulos de atención primaria y han diversificado las herramientas para recibir denuncias; que en la integración de las carpetas que ellos han realizado no se tiene información de que se dictaran órdenes de protección y se haya terminado en un feminicidio; no se tienen subregistros en materia de feminicidios y no todas las muertes de mujeres implican dicho delito; que al policía que denunció se le atendió y se expusieron las razones por las cuales se procedió de dicha manera.
Asimismo, señaló que se han mejorado sustancialmente los sistemas de atención pero que se sigue trabajando para brindar una atención mucho más ágil; que se ha agilizado el proceso de identificación de cuerpos; se desarticularon 16 bandas que se dedicaban a la extorsión; se evalúa a quienes están dentro y a los que pretenden ingresar, el 90 por ciento de quienes no aprobaron son de nuevo ingreso; habló de las carpetas que se judicializaron contra servidores públicos tanto de la parte municipal como estatal; y que el módulo virtual está disponible 24 horas (para denuncias) hay alguien que atiende por videollamada.
Finalmente, refirió que las recomendaciones fueron emitidas a separos y en casos de personas desaparecidas, antes de que existiera el protocolo de atención; que se atendieron a 468 personas en el refugio temporal y detalló los servicios que se ofrecen, entre otros aspectos.
El legislador Luis Ernesto Ayala Torres agradeció la participación del funcionario y mencionó que este acercamiento les permitió conocer los avances y los retos que se tienen en la Fiscalía General del estado.
Para finalizar, Ayala Torres precisó que se contó con más de 3 mil personas conectadas a través de las diferentes plataformas del Congreso del Estado.
En la reunión participaron las diputadas y los diputados Laura Cristina Márquez Alcalá, Lilia Margarita Rionda Salas, Janet Melanie Murillo Chávez, Angélica Casillas Martínez, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, María de la Luz Hernández Martínez, Martha Guadalupe Hernández Camarena, Yulma Rocha Aguilar, Irma Leticia González Sánchez, Susana Bermúdez Cano, Briseida Anabel Magdaleno González, Dessire Angel Rocha, Katya Cristina Soto Escamilla, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Luis Ernesto Ayala Torres, Alejandro Arias Ávila, , Bricio Balderas Álvarez, Martín López Camacho, Cuauhtémoc Becerra González, David Martínez Mendizábal, César Larrondo Díaz, Víctor Manuel Zanella Huerta, Rolando Fortino Alcántar Rojas, Jorge Ortiz Ortega, Miguel Ángel Salim Alle, José Alfonso Borja Pimentel, Javier Alfonso Torres Mereles, Armando Rangel Hernández y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.
