BUSCAN SANCIONAR A SERVIDORES PÚBLICOS QUE COMETAN VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO
Guanajuato, Gto. – El Grupo Parlamentario del PAN propuso reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, para incorporar en el ámbito de la responsabilidad administrativa la sanción a las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres.
La iniciativa contempla adicionar en la norma este concepto y el listado de supuestos que la configuran, conforme a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.
Al respecto, la diputada Lilia Margarita Rionda Salas afirmó que si bien este tipo de violencia se considera en varios ordenamientos estatales, incluir una disposición expresa que permita identificar y sancionar la comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género es una obligación pendiente en la legislación local.
Agregó que la necesidad de fortalecer el andamiaje jurídico que sanciona la violencia política contra las mujeres se evidencia al constatar que, al mes de marzo del 2023, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS) del Instituto Nacional Electoral, en materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, se tienen 328 registros y 284 personas sancionadas, de las cuales 54 son mujeres y 230 hombres; por el Estado de Guanajuato se cuenta con 10 registros, de 9 hombres y 1 mujer, dos de ellos en el ejercicio de la función de Síndico de un Ayuntamiento.
“Con esta adición, la persona servidora pública deberá responder por la violación a los derechos humanos de las mujeres y su participación en la comisión u omisión de los principios deontológicos del servicio público”, dijo.
Finalmente, Rionda Salas mencionó que con esta reforma se pretende proporcionar mayor certeza y diversa alternativa de vía de sanción de las conductas violentas que, por razones de género se cometan por alguna persona servidora pública en contra de las mujeres guanajuatenses, garantizando de esta manera su derecho a una vida libre de violencia.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. También se remitió a la Comisión Para la Igualdad de Género para opinión.
