Analizan iniciativa de ley sobre adicciones
La Comisión de Salud Pública analizó una iniciativa sobre prevención adicciones, mientras especialistas y representantes de centros de rehabilitación plantearon observaciones jurídicas, financieras y sociales.
Prevención adicciones fue el tema central de una mesa de trabajo realizada por la Comisión de Salud Pública del Congreso del Estado para analizar una iniciativa que busca crear una nueva ley en Guanajuato.
Durante el encuentro, autoridades, especialistas y representantes de centros de rehabilitación coincidieron en la necesidad de fortalecer la atención integral, aunque plantearon observaciones jurídicas, financieras e institucionales a la propuesta.
Prevención adicciones centra el análisis legislativo
La Comisión de Salud Pública del Congreso del Estado realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa que propone expedir la Ley para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones para el Estado de Guanajuato.
La propuesta tiene como objetivo establecer un modelo integral para la atención de las adicciones que articule acciones de prevención, tratamiento, reducción del daño e integración comunitaria. Además, plantea regular los servicios públicos, privados y mixtos dedicados a esta materia en el estado.
Durante la reunión, las y los participantes reconocieron que la iniciativa busca atender una problemática de alto impacto social. Sin embargo, señalaron que, en los términos planteados, presenta diversos aspectos que dificultarían su aplicación.
Explicaron que la regulación en materia de salubridad general, normatividad clínica y control sanitario corresponde de manera exclusiva a la Federación. Por ello, advirtieron que la creación de esquemas regulatorios locales paralelos podría generar sobrerregulación, invasión de competencias y vacíos jurídicos que afectarían la operatividad del sistema.
Asimismo, consideraron que establecer leyes específicas para un solo padecimiento podría fragmentar la estructura del Sistema Nacional de Salud, en lugar de fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones.
Plantean fortalecer estructuras existentes
Durante el análisis también se señaló que la iniciativa carece de una evaluación suficiente sobre su viabilidad financiera e institucional.
Las observaciones indicaron que la propuesta contempla la creación de centros de rehabilitación en todas las regiones del estado, aunque no define fuentes de financiamiento ni mecanismos graduales para su implementación.
Además, se propuso que, en lugar de duplicar funciones o dispersar recursos, la iniciativa se armonice con la Ley de Salud del Estado de Guanajuato y fortalezca las instancias ya existentes, como el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones.
De igual forma, se planteó precisar que figuras como la justicia terapéutica deben mantenerse dentro del ámbito administrativo de salud y evitar interferencias con los procesos penales.
Centros de rehabilitación piden soluciones efectivas
Representantes de centros de rehabilitación y colectivos ciudadanos compartieron la realidad que enfrentan diariamente las familias afectadas por las adicciones.
Durante su participación expresaron la preocupación e impotencia que viven muchas personas ante esta problemática, al considerar que el marco normativo vigente y diversas disposiciones legales no siempre se traducen en resultados concretos para prevenir la pérdida de vidas o disminuir las conductas de riesgo.
Por ello, solicitaron a las y los legisladores mantener una actitud de sensibilidad y apertura durante el análisis de la propuesta.
Asimismo, plantearon que la iniciativa incorpore un enfoque de derechos humanos y seguridad comunitaria que permita construir soluciones efectivas para apoyar tanto a las personas con adicciones como a sus familias, más allá del debate jurídico o administrativo.
En la mesa de trabajo participó el diputado Antonio Chaurand Sorzano, junto con representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, la Secretaría de Salud de Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, asesores de distintos grupos parlamentarios, representantes de centros de rehabilitación y personal de diversas áreas del Congreso del Estado.
